Afectados por el "corralito" acusan asimismo al banco de la comisión de los supuestos delitos de apropiación indebida, maquinación para alterar los precios y publicidad engañosa, según ha podido saber nuevatribuna.es.
La Asociación Activa ha interpuesto este viernes una querella criminal ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de estafa material, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios y publicidad engañosa, así como por el supuesto uso de información privilegiada, presunto delito societario, y otros hechos que podrían ser punibles relacionados con los anteriores, informaron en fuentes de esta asociación.
Según pudo saber hoy nuevatribuna.es, Activa, la asociación fundada por el abogado madrileño Juan Manuel Moreno-Luque, presentó ante la Audiencia Nacional este viernes una querella criminal en la que se ejercita la acción popular dirigida contra el presidente y el consejero delegado de la gestora del fondo Santander Real Estate, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares García, respectivamente, y contra el presidente y el vicepresidente segundo de la sociedad depositaria del fondo Banco Banif S.A., Alfredo Sáez Abad y Rodrigo Echenique Gordillo, respectivamente.
Además, la querella, que ha dirigido el letrado Antonio Panea Yeste, señala a las sociedades Santander Real Estate S.A SGIIC, Banco Banif S.A y Banco Santander S.A., como responsables civiles directos o subsidiarios.
COLAPSO DEL FONDO
Entre los hechos que han originado la querella, la asociación Activa sostiene que el Santander lanzó un fondo de inversión inmobiliaria cuya duración se extendía “por tiempo indefinido”, y con el cual “captó” una inversión valorada en 2.490 millones de euros en el período comprendido entre los años 2003 y 2006.
La Asociación afirma que la gestora del fondo, Santander Real Estate, incumplió la finalidad de este producto financiero, que, según indica, era ofrecer “rentabilidades estables” a los partícipes. En su lugar, continúa esta asociación, el fondo se convirtió en un instrumento en cuyas manos el Santander “extrajo” comisiones valoradas en 640 millones de euros, en el período comprendido entre 2003 y 2008.
Asimismo, Activa denuncia que el fondo lanzado por el Santander “consumió” el 100% de los ingresos por alquileres netos, el 100% de los ingresos financieros netos, y “buena parte” de las plusvalías reales logradas por la venta de inmuebles, que fueron enajenados “para pagar” estas comisiones, indica; dejando a los partícipes “solamente” con las plusvalías virtuales o latentes.
Asimismo, en la querella, la asociación asegura que el Santander provocó “el pánico” entre los partícipes al anunciar el pasado mes de diciembre la realización de una tasación extraordinaria de sus inmuebles, que, según Activa, provocó “el colapso y cierre del fondo” el pasado mes de febrero.
Sin embargo, con anterioridad, continúa la asociación, el Santander facilitó la “salida” del fondo de “unos cuantos” partícipes, que tenían en sus manos el 16,90 por ciento del total del patrimonio del fondo. Con su salida en octubre, estos partícipes, a quienes la asociación califica de “privilegiados y bien informados”, abandonaron el fondo en el momento en que éste ofrecía la mayor rentabilidad de su historia.
Asimismo, mediante un oficio, la querella solicita que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remita “toda la información” disponible en sus archivos relativa al fondo Santander Banif Inmobiliario.
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